Pasos firmes hacia la Garantía Infantil Europea

La pandemia del Covid-19 ha causado un incremento de la desigualdad y al deterioro de la situación de los colectivos más vulnerables

Alrededor de uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes (un 18,5%) se encuentran en riesgo de pobreza en Europa, siendo España el tercer país de la UE con mayores tasas de pobreza infantil (un 24,7%), sólo por detrás de Rumanía y Bulgaria. Esta situación, según lo que apuntan algunos indicadores ya disponibles como el de carencia material severa, se ha visto, además, agravada por la crisis del Covid-19, con lo que se hace más urgente que nunca una respuesta a esta situación. Por ello, España avanza hacia la Garantía Infantil Europea (GIE).

Se enmarca dentro de una perspectiva más amplia de derechos de la infancia: es uno de los instrumentos principales de la Estrategia Europea de Derechos de la Infancia y del Plan de Acción del Pilar Europeo de los Derechos Sociales, que en su principio 11 establece que los niños y niñas tienen derecho a ser protegidos de la pobreza con medidas específicas para mejorar la igualdad de oportunidades. El objetivo de la Garantía Infantil es garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes de la Unión Europea, especialmente los más vulnerables, tengan un acceso efectivo y gratuito a servicios básicos como la educación y cuidado infantil, educación y actividades extraescolares, al menos una comida saludable por día lectivo y salud, y acceso efectivo a vivienda adecuada y nutrición saludable.

Metas a conseguir

Recientemente, Unicef España ha desglosado los detalles del informe ‘Bases para el Plan de Acción de la Garantía Infantil en España’. El estudio propone una serie de metas que deberían alcanzarse en 2030 a través de la GIE, como reducir al menos a la mitad la proporción de los niños que viven en riesgo de pobreza o exclusión social, lograr la misma reducción de los que viven bajo privación material específica para la infancia, duplicar el gasto en educación y cuidados de la primera infancia o alcanzar la media de 2015 de la UE en transferencias monetarias a familias y niños. En base a las conclusiones y recomendaciones de este estudio, durante los próximos seis meses se va a elaborar el Plan de Acción de Gobierno que detallará la forma en la que la Garantía Infantil Europea se va a implementar en España, así como los mecanismos e indicadores para el seguimiento de su cumplimiento.

Los principales resultados arrojados por el informe indican que, aunque los datos disponibles no permiten conocer con detalle la magnitud de los efectos de la pandemia, todo apunta a un incremento de la desigualdad y al deterioro de la situación de los colectivos más vulnerables. Así, los niños, niñas y adolescentes en situaciones familiares precarias son los que sufren las mayores tasas de pobreza y exclusión social. También los niños con discapacidad, los pertenecientes a la minoría gitana o los de origen migrante se enfrentan a mayores dificultades.

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